MENAs, cifras y reglas sin tabúes: cuánto cuestan, por qué no se deportan, qué financiación hay y cómo evitar el colapso

De qué hablamos: los menores extranjeros no acompañados (MENAs) forman parte del sistema de protección a la infancia, no del de extranjería “para adultos”. Eso altera los tiempos, los costes y los límites legales. El debate es caliente: coste real por menor, si “pueden o no” deportarse, la contención de la inmigración irregular, la distribución entre comunidades y el efecto percibido en vivienda, pobreza infantil e inseguridad. Aquí va un análisis con números y opciones para salir del atasco.

1) ¿Por qué no se “expulsa” a los menores?

Porque la ley lo impide: un menor sin referentes entra automáticamente bajo tutela de la administración y no puede ser expulsado como un adulto. El Tribunal Supremo fijó doctrina: no cabe expulsión mientras tramita su residencia. La vía posible es la repatriación a su familia o entorno seguro solo si es en interés superior del menor, con garantías y verificación. Es más lento, pero es la ley.

2) ¿Cuánto cuesta una plaza de protección?

No existe una cifra única: depende del tipo de recurso (acogida inmediata, residencia, atención terapéutica), de la CCAA, del ratio de educadores y de si es gestión pública o concertada. Referencias públicas recientes:

  • Horquilla clásica en Cataluña (orientativa para entender órdenes de magnitud): 41,5€–139€ por plaza/día (alojamiento, manutención, personal).
  • Aragón (2025): atención inmediata y autonomía, ≈58€/plaza/día (más atención personalizada ≈29€/día).
  • Murcia (2023–2025): contratos sociales con ≈203–214€/plaza/día según anualidad para recursos residenciales de mayor intensidad.
  • Andalucía (auditoría): media mensual por plaza en centros concertados ≈2.035€; en algunos centros públicos de alta intensidad el coste contable supera los 9.800€ mensuales (estructura, plantillas, perfiles complejos). Cifras no extrapolables a todo el sistema pero ilustran picos de gasto.
  • Datos virales (ej. “4.700€/mes fijo”) mezclan plaza con gasto puntual y no siempre son comparables; hay que mirar contratos y tipologías.

3) ¿Quién paga? España, la UE… y acuerdos con Marruecos

Capítulo UE. España recibe fondos del Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) y del Border Management and Visa Instrument (BMVI) para refuerzo de acogida, integración y control fronterizo. El AMIF europeo suma €9.880M (2021–2027); la asignación inicial a España supera los €480M (programa nacional), y el BMVI computa para España en torno a €323M iniciales para frontera/visados.

Capítulo Marruecos. Además del apoyo UE a Rabat, España ha aprobado de forma recurrente ayudas directas para vigilancia y control migratorio (por ejemplo, €30M en 2021 y 2022). En 2025 se han aprobado partidas más pequeñas (≈€2,5M) para vehículos y equipos. ¿Resultado? La presión se desplaza: cuando se blinda la ruta canaria, aparecen repuntes en Baleares/Levante. Contención no es “cierre”, es gestión de flujos.

4) ¿Hay “avalancha”? Canarias, Baleares y el tablero 2025

En 2024 las Canarias vivieron picos récord; en 2025, con más control en Mauritania, los datos oficiales muestran descenso en llegadas por la ruta atlántica, mientras Baleares sufre un aumento de pateras desde Argelia. Los repuntes estresan capacidades de acogida inmediata y explican la derivación de menores a península.

5) Reparto entre CCAA: por qué se lía siempre

El Gobierno y las Comunidades acordaron reglas para traslados cuando el territorio de entrada (ej. Canarias) se desborda. En 2025 se ha reforzado el marco vía Real Decreto que obliga plazos y prevé reubicaciones si no hay acuerdo unánime. La polémica estalla porque no todas las CCAA aportan plazas según población o capacidad, y porque piden recursos “cerrados” (coste garantizado) antes de aceptar cupos.

6) ¿Compiten MENAs con vivienda y salarios? Dos planos distintos

Vivienda: el problema de acceso juvenil en España es estructural (salarios vs. precios, parque público mínimo, oferta lenta). La emancipación tocó mínimos y el alquiler devora gran parte del sueldo juvenil. No hay evidencia de que los MENAs —por volumen— determinen el mercado de vivienda; sí hay presión local en zonas de llegada si la acogida de emergencia se improvisa.

Pobreza infantil: España figura entre los países UE con mayor riesgo de pobreza o exclusión en menores. Combatirla exige políticas universales y focalizadas (ingresos, vivienda, educación) que van mucho más allá de la variable migratoria.

7) Seguridad e (in)seguridad

La percepción de inseguridad crece cuando hay saturación de recursos y no hay información. La evidencia comparada no avala una asociación automática entre inmigración y delincuencia. Lo que sí reduce incidentes es: tutela estable, educación y ocio, reagrupación/repatriación segura cuando procede y respuesta rápida a conductas delictivas individuales (igual que con cualquier menor).

8) ¿Por qué crece la ultraderecha con este tema?

Porque hay angustias reales (vivienda, salarios, saturación de servicios) y una gestión visible como caótica en momentos de pico. Cuando no hay datos claros ni tiempos de respuesta, los marcos simples (“parar” vs “entrar”) arrasan. Normal: la gente quiere orden, reglas y equidad entre territorios.

9) Qué hacer ya: 12 medidas concretas

  1. Objetivo de plazas garantizadas por CCAA (fórmula población+PIB+paro juvenil), con cláusula de sustitución si una CCAA incumple.
  2. Financiación cerrada: módulo estatal/UE por plaza y día (p. ej., “tarifa plana” por tipología) para que a la CCAA le sea neutral aceptar cupos.
  3. Ventanilla única nacional para edad y documentación (pruebas no invasivas, protocolos sanitarios) con plazo máximo (30–45 días).
  4. Mapa de recursos en tiempo real (ocupación, perfiles, ratios) accesible a CCAA y municipios.
  5. Repatriaciones con garantías cuando haya familia y entorno seguro, con seguimiento consular independiente.
  6. Itinerarios exprés de escolarización + FP básica y deporte/ocio para reducir ociosidad y conflicto.
  7. Protocolos anti-brote en centros: refuerzos de personal ante picos, equipos móviles de mediación cultural y salud mental.
  8. Comunicación pública semanal: cifras de llegadas, traslados, costes cubiertos y sanciones a redes de tráfico (menos rumor, más dato).
  9. Rutas legales y reasentamiento (cupos UE) para casos de clara protección, evitando que todo pase por mafias.
  10. Cooperación exterior con condicionalidad: apoyo a Marruecos/países de tránsito sí, pero ligado a derechos humanos y evaluación independiente.
  11. Refuerzo de BMVI y Guardia Civil en puntos de nueva presión (Baleares/Levante), con intercambio operativo con Argelia.
  12. Plan vivienda y juventud (oferta pública/asequible) que desactive el atajo “migración = vivienda cara”.

Conclusión polémica y útil: en vez de discutir si el coste “es de 100 o de 200 al día”, fijemos un módulo transparente, tiempos de reubicación obligatoria y cooperación exterior con condiciones. La gente no pide milagros: pide orden, equidad y datos.

Actualizado: 14 de agosto de 2025 | Análisis y propuestas de política pública